La salud no puede esperar: el malestar ciudadano exige respuestas

Lo que está ocurriendo con la atención médica en Ojinaga merece una reflexión seria, pero también una respuesta de las autoridades. No podemos normalizar que una madre llegue a urgencias con su hijo de apenas siete años y se encuentre con que no hay suficiente personal para atenderlo. Tampoco podemos aceptar que los días festivos se conviertan en una razón para reducir la capacidad de respuesta de un hospital. Hay que decirlo con claridad: la enfermedad no tiene horario, no respeta calendarios ni espera a que haya suficiente personal de turno. Un hospital comunitario debe tener capacidad para responder a las necesidades de la población, especialmente en urgencias. Si existe falta de médicos, enfermeras o medicamentos, corresponde a las autoridades explicar qué está pasando y qué medidas se están tomando para corregirlo. La ciudadanía no pide privilegios, pide algo tan elemental como recibir atención médica digna y oportuna. Detrás de cada persona que llega a urgencias hay una familia preocupada, un padre, una madre o un hijo que espera encontrar atención y no excusas. También es importante que esta inconformidad no se quede solamente en una publicación de redes sociales. Se necesita escuchar a los ciudadanos, revisar las condiciones en que trabaja el hospital y exigir a las instancias responsables que garanticen personal suficiente durante las 24 horas, incluidos fines de semana y días festivos. Y una reflexión adicional: elegir a quienes encabezan las instituciones públicas implica una responsabilidad, pero también debemos exigir resultados, supervisión y rendición de cuentas. La salud no debe depender de quién esté de turno ni de la suerte que tenga una familia al llegar a urgencias. Ojinaga merece un servicio de salud a la altura de su gente. No estamos hablando de favores, estamos hablando de un derecho y de vidas humanas. La inconformidad ciudadana no debe interpretarse como un ataque; debe entenderse como un llamado de atención. Cuando la gente comienza a perder la confianza en los servicios de salud, las autoridades tienen la obligación de escuchar y actuar.